Madrid impulsará la creación de un Comité de Ética en IA para agilizar trámites ciudadanos a menos de cinco minutos El Ejecutivo madrileño lanzará el Anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA) para modernizar los servicios públicos, permitiendo que los ciudadanos realicen gestiones más rápidas mediante la automatización. Esta iniciativa no solo optimiza el tiempo de los usuarios, sino que también libera a los empleados públicos de tareas repetitivas. La norma busca garantizar un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, mejorando la relación entre la administración y los ciudadanos mientras se protege su información personal.
El Ejecutivo madrileño ha anunciado la creación de un Comité de Ética de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es facilitar que los ciudadanos realicen sus trámites en menos de cinco minutos. Esta iniciativa se basa en la automatización de tareas repetitivas, como el pre-rellenado de formularios, la detección de errores y la generación automática de borradores, lo que también permitirá a los empleados públicos dedicar su tiempo a actividades más complejas.
En este marco, el Gobierno autonómico comenzará a circular el Anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA) para recibir aportaciones por parte de la Oficina de Impulso a la IA y del Consejo Asesor de Transformación Digital. Este proceso culminará con una consulta pública antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno y su posterior remisión a la Asamblea regional durante el primer semestre del año.
La nueva norma busca modernizar los servicios públicos digitales y mejorar la relación con los ciudadanos, avanzando hacia una administración más accesible y eficiente que responda proactivamente a las necesidades de los madrileños mediante herramientas innovadoras.
Para garantizar una correcta implementación, se contará con la Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial, encargada de coordinar y supervisar el uso ético y responsable de esta tecnología en el ámbito público. Además, se prevé que los servicios sean proactivos, ofreciendo avisos sobre ayudas o subvenciones relevantes para cada usuario sin necesidad de repetir información.
El texto también establece directrices sobre el uso adecuado de los canales electrónicos del Ejecutivo regional, incluyendo la Cuenta Digital y sistemas tecnológicos como Identifica y firma electrónica, apoyados por agentes de IA para facilitar una comunicación más efectiva. Se creará un archivo electrónico único que garantice autenticidad y confidencialidad en el manejo de datos.
La ley promoverá un uso fiable de la Inteligencia Artificial en la Administración autonómica, alineándose con las normativas europeas. Se asegurará que esta tecnología sea utilizada bajo supervisión humana, evitando así despidos en el sector público. También incluirá medidas para garantizar la transparencia algorítmica y proteger información personal.
En cuanto a infraestructura digital y ciberseguridad, se fortalecerán las políticas preventivas ante incidentes mediante iniciativas como Escudo Digital. La norma también prioriza la formación continua en tecnologías emergentes para empleados públicos, ciudadanos y empresas.
Finalmente, se reforzará el apoyo a la innovación empresarial, especialmente dirigido a Pymes y startups, fomentando programas que impulsen la investigación en IA y desarrollen un entorno competitivo e innovador en la región.
Es una nueva entidad que se encargará de supervisar y garantizar un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Administración pública madrileña.
La automatización permitirá a los ciudadanos realizar sus trámites en menos de cinco minutos, facilitando tareas como el pre-rellenado de datos y la detección de errores.
El objetivo es mejorar los servicios públicos digitales y su relación con los ciudadanos, avanzando hacia una Administración más moderna, accesible y eficiente.
Se incorporarán medidas que garanticen la transparencia de los algoritmos, la protección de información personal y el control ético sobre los sistemas automatizados.
La ley asegura el respeto a los derechos fundamentales y la protección de datos personales, garantizando también la transparencia en la toma de decisiones.
Se promoverá una formación tecnológica continua en el uso seguro y responsable de tecnologías emergentes para empleados públicos, ciudadanos y empresas.