El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado que la fibromialgia no se considera por sí sola una enfermedad discapacitante. En un caso reciente, se reconoció solo un 19% de discapacidad a una funcionaria que solicitaba un porcentaje mayor debido a esta condición y otros síndromes. La sentencia destaca que la valoración debe basarse en el impacto físico y psíquico real, y menciona la falta de inclusión de estas dolencias en el baremo actual.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas, que en junio de 2023 otorgó únicamente un 19% de discapacidad a una funcionaria del gobierno canario. Esta trabajadora había solicitado el reconocimiento de un porcentaje entre el 65% y el 75%, argumentando que su capacidad laboral estaba afectada por la fibromialgia, así como por síndromes de fatiga crónica y sensibilidad química.
El tribunal ha desestimado la solicitud, subrayando que la jurisprudencia establece que la fibromialgia “por sí misma” no se considera una enfermedad discapacitante según los criterios establecidos en el baremo vigente. En este sentido, se debe evaluar en función de su impacto físico y/o psíquico.
Un aspecto crucial en la decisión del TSJC fue el informe “imparcial” elaborado por un médico forense, quien evaluó a la demandante bajo requerimiento judicial. Este dictamen indicó que la mujer podía moverse “sin ayuda de terceros” y no necesitaba asistencia para levantarse o sentarse, además de no presentar “edema en las articulaciones”.
El informe concluyó que la funcionaria padecía fibromialgia “de grado moderado”, síndrome de fatiga crónica con la misma intensidad, sensibilización química múltiple “de grado severo” y un “trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo”.
La sentencia también destaca que ni la fibromialgia ni los síndromes mencionados están incluidos en el baremo actual para determinar incapacidades. Aunque se reconoce que estas condiciones son más comunes en mujeres, el tribunal enfatiza que esto no justifica una interpretación legal que contradiga las normativas vigentes.
No obstante, uno de los miembros del pleno expresó su desacuerdo con la decisión, abogando por un reconocimiento del 77% de incapacidad para la actora. Esta magistrada argumenta que existe una “laguna normativa” relacionada con las enfermedades prevalentes en mujeres, reflejando una “histórica desatención legislativa y científica hacia la salud femenina”.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 19% | Porcentaje de discapacidad reconocido a la funcionaria |
| 65% - 75% | Porcentaje de discapacidad solicitado por la funcionaria |
| 77% | Porcentaje de incapacidad propuesto por la magistrada discrepante |