La Comunidad de Madrid ha tramitado 537 expedientes de valoración del grado de discapacidad en las primeras semanas del convenio con el Colegio de Médicos. La consejera Ana Dávila destacó el compromiso de los 122 médicos involucrados y el objetivo de aumentar la capacidad de resolución en un 33%. Este acuerdo busca mejorar la elaboración de informes clínicos, reducir tiempos de espera y alcanzar 80,000 reconocimientos anuales, con una inversión de 2,3 millones de euros.
La Comunidad de Madrid ha gestionado un total de 537 expedientes para la valoración del grado de discapacidad en las primeras semanas del convenio firmado con el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Este esfuerzo se traduce en una media de ocho informes semanales por cada médico participante.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, presentó este primer balance durante su visita al Reshogar Círvite, un centro residencial innovador en España que atiende a personas con discapacidad intelectual o que enfrentan un envejecimiento prematuro. Este dispositivo, ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas, cuenta con una inversión anual superior a medio millón de euros para mantener sus 21 plazas públicas.
Dávila destacó el compromiso de los 122 médicos que se han sumado a esta iniciativa, resaltando la disposición y colaboración de los profesionales sanitarios. Además, enfatizó que el objetivo del Gobierno regional es incrementar en un 33% la capacidad de resolución de estos procedimientos.
El acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Médicos busca mejorar la elaboración de informes clínicos en los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad. También pretende optimizar la respuesta administrativa y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos que solicitan estas valoraciones.
Los médicos involucrados ofrecen apoyo a los facultativos que actualmente gestionan las solicitudes en diez centros base. Con este convenio, el Gobierno autonómico aspira a alcanzar un total de 80.000 reconocimientos anuales, abarcando nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones. La meta incluye también disminuir el número de expedientes pendientes y acortar el plazo medio de resolución a un máximo de seis meses.
Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno regional destinará anualmente 2,3 millones de euros, lo que refleja su compromiso con la mejora del sistema administrativo relacionado con las valoraciones de discapacidad.